La noticia aparecida en los medios de comunicación, el pasado 20 de junio, donde se hace publica una denuncia presentada por Leganemos ante la Fiscalía, solicitando que se investigue un presunto delito de falsedad documental entre el Ayuntamiento de Leganés y la UTE Ferroser-Aossa La Fortuna, podrían poner en entredicho la gestión de este servicio. De llegar a confirmarse los hechos, estaríamos ante un flagrante caso de corrupción local, con el objetivo de beneficiar a una empresa privada a costa de las condiciones de trabajo de una plantilla ya de por si precaria.

En octubre de 2015 se celebró un juicio contra la UTE Ferroser-Aossa La Fortuna, iniciado por UGT, donde los trabajadores de esta plantilla aspiraban a que se reconociera que su actividad laboral está ligada al Convenio Colectivo de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad de Madrid y así recuperar las condiciones laborales perdidas con la llegada de esta UTE. Pero la empresa presentó como prueba varias certificaciones de servicios, con fecha de 30 de junio de 2014 y de 20 de febrero de 2015, firmadas por D. José Antonio García Mingo, exdirector general de deportes del Ayuntamiento de Leganés durante el mandato del Partido Popular. Estos servicios de “monitores de actividades de raqueta” y “auxiliares de instalación realizando funciones de control y reparación” se habrían llevado a cabo durante los años 2012, 2013 y 2014. Pero son servicios que no constan en el pliego de condiciones técnicas de la adjudicación y presuntamente “no se corresponden con ninguna factura emitida ni abonada por el Ayuntamiento de Leganés”. Estas certificaciones y facturas, presuntamente falsas, sirvieron para que la empresa justificara que la mayor parte de las actividades deportivas no son acuáticas, lo cual inclinó la balanza en favor de la empresa en la sentencia. Y se mantiene actualmente el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, que conlleva peores condiciones laborales y económicas que el convenio de Instalaciones Acuáticas de la Comunidad de Madrid.

Desde esta Sección Sindical de CGT en la Ciudad Deportiva de La Fortuna, en su día nos pusimos en contacto con el actual equipo de gobierno del PSOE-IUCM. Y en reunión celebrada el 7 de octubre de 2016 con Dª María Elena Ayllón López, Concejala de Deportes, Igualdad y Juventud y con D. Miguel Ángel Gutiérrez Merino, Director General de Deportes, nuestros delegadxs sindicales les transmitieron estas mismas sospechas e irregularidades, solicitando que tomaran cartas en el asunto e iniciaran una investigación. Sin duda, hoy podemos decir que no se hizo absolutamente nada.

Confiamos en que la Fiscalía inicie la investigación que el equipo de Santiago Llorente no quiso hacer y que se llegue hasta el fondo de este turbio asunto. Que se aclare la relación entre el anterior equipo de gobierno del PP y la empresa adjudicataria y que se depuren responsabilidades, en caso de confirmarse las presuntas prácticas delictivas.

Como representantes sindicales, nuestro objetivo es claro: recuperar las condiciones laborales perdidas, por el bien de la plantilla y del servicio público que prestamos en las instalaciones municipales de La Fortuna. Y adoptaremos las medidas que estén a nuestro alcance para lograrlo.

Este caso viene a confirmar los efectos negativos de las privatizaciones para los vecinos y vecinas de Leganés, como para las plantillas de estos servicios. Así mismo se confirmaría la sospechosa relación entre la UTE y el anterior equipo de gobierno del PP. Y se constatan las políticas continuistas entre el PP y el PSOE en la gestión de servicios públicos.

Una vez más desde CGT, volvemos a reclamar la MUNICIPALIZACIÓN, como la única alternativa viable para el futuro de la Ciudad Deportiva de La Fortuna, para garantizar las condiciones laborales de la plantilla y el sostenimiento de un servicio que nunca debió privatizarse.

Leganés 23 de junio de 2017

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