Según un comunicado hecho publico por el Comité de Empresa del servicio de Instalaciones Deportivas de Getafe, actualmente en manos de Ferrovial, el pasado jueves 16 de noviembre, se han reunido con la alcaldesa Sara Hernández, Javier Santos y Olga Esteban para tratar la situación del próximo pliego de condiciones que habrá de regir la nueva contratación de este servicio público. La privatización continúa.

En dicha reunión se confirman las peores sospechas. Los planes del gobierno local es dividir la contratación en tres pequeños lotes separando a la plantilla por servicios, por un lado, Mantenimiento y Jardinería; por otro, Auxiliares, Limpieza y Taquilla; y un tercer lote de Servicios Deportivos, donde estarían adscritos los monitores, socorristas y médico.

Todo ello justificado por la libre competencia para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas en aplicación de la nueva Ley de Contratos Públicos.

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y que ha sido aprobada recientemente el pasado 19 de octubre, llega con las bendiciones de los sindicatos mayoritarios y el acuerdo mayoritario del parlamento. Y entrará en vigor cuatro meses después de su publicación, en marzo de 2018. Seguramente los ayuntamientos ya están esperando esa fecha para sacar adelante las nuevas licitaciones y cerrar muchos negocios pendientes antes de acabar esta bochornosa legislatura municipal.

La situación de las Instalaciones Deportivas de Getafe es un ejemplo de los problemas que se pueden presentar a partir de ahora. Dividir a las plantillas en lotes pequeños y así contentar a más empresas con un “pedazo del pastel” y de paso debilitar la capacidad de acción de los trabajadores y trabajadoras. En algunos casos llegar a tener representación sindical será una carrera de obstáculos. Por otro lado, las presuntas las cláusulas sociales no ofrecen más garantías de las que ya estén contempladas en los convenios colectivos. Y si estos convenios, no contemplan expresamente la subrogación, la garantía de estabilidad para las plantillas, puedes ser papel mojado.

Muchos expertos ya han anticipado que esta nueva Ley ofrece serias “lagunas” por las que se pueda colar la corrupción en la contratación de obras y servicios públicos. Como hasta ahora.

El objetivo es perpetuar la privatización, pero con un lavado de cara, adaptándola a normativa europea. Pensada en buena medida para la aprobación de acuerdos internacionales que permitirán una mayor desregulación del mercado laboral, CETA, TTIP etc.

Desde CGT somos muy críticos con este proceso que solo traerá peores condiciones laborales a la clase trabajadora y permitirá a las empresas privadas, ya sean grandes o pequeñas, seguir apropiándose de los servicios públicos para lucrarse. Así continuarán siendo un foco de corruptelas, clientelismos y destrucción del patrimonio público. Pero también destrucción de empleo y deterior de los servicios.

CGT seguiremos apostando por la recuperación de la gestión directa de todos los Servicios Públicos. La Municipalización, como única alternativa social y económicamente eficiente. Y como garantía de empleo estable y de calidad. Pero con la firme aspiración de que se implementen mecanismos de control y gestión social y obrero. Donde trabajadores y trabajadoras, ciudadanía, y entidades sociales y vecinales, tengan un verdadero control sobre la gestión de los servicios que son de todas y todos. Y eso, solo lo alcanzaremos con movilización sindical y social, de lo contrario el futuro que nos espera no será mejor de lo que ahora tenemos.

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